Análisis

Homicidio y mensajes ominosos.

Carmen Lira (La Jornada 30-11-2011).

Luego del homicidio del activista Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido anteayer en Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad afirmó que la línea más fuerte de investigación es la relacionada con el crimen organizado, debido a que la víctima había purgado condena por delitos de portación de arma de fuego, estuvo involucrado en una balacera y tenía aproximadamente un año y medio que salió de la cárcel.

Es pertinente recordar que el antecedente referido por la dependencia estatal –Moreno Muñoz pasó, en efecto, cuatro años en prisión– se saldó en 2009 con la determinación de la inocencia del activista por parte de un juez y con su inmediata liberación, por lo que la conversión de ese episodio en la línea de investigación más fuerte denota un prejuicio y distorsión graves en el desempeño de la procuraduría sonorense.

Pero incluso si las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada en contra de Nepomuceno Moreno fueran ciertas, ello no cancelaría la grave responsabilidad –así sea por omisión– que recae en el gobierno local por este asesinato: al final de cuentas, el precedente inmediato del asesinato de Moreno Muñoz no es su supuesta participación en hechos delictivos, sino sus denuncias por la desaparición de su hijo Jorge Mario, el primero de julio de 2010, a manos de presuntos policías, por las amenazas anónimas que había venido recibiendo y por la actitud omisa de las autoridades a esclarecer esos hechos.

La sola mención de los presuntos antecedentes penales de Moreno Muñoz por la procuraduría estatal parece, pues, un nuevo intento por criminalizar a la víctima de un delito, por eludir las obligaciones de la autoridad de realizar investigaciones serias y cabales de los hechos y por escamotear, en suma, el esclarecimiento y la justicia para la víctima y sus deudos.

Por otra parte, no puede soslayarse la cuota de responsabilidad que corresponde al gobierno federal por este crimen. Como integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Moreno Muñoz participó en el segundo encuentro entre intgrantes de ese movimiento y autoridades federales en el Castillo de Chapultepec.

Allí, como lo recordó ayer Javier Sicilia, Moreno Muñoz expuso su caso al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa: Señor, estoy buscando a mi hijo y estoy amenazado de muerte, le dijo. También informó de su situación al gobernador sonorense, Guillermo Padrés Elías. Ambos interlocutores le ofrecieron apoyo. A eso debe añadirse que el ahora asesinado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por las amenazas que recibía y contra los responsables de la desparición de su hijo.

Hoy, sin embargo, mes y medio después del segundo encuentro de Chapultepec, se constata el grado de vulnerabilidad que enfrentan en este país los activistas sociales, los defensores de derechos humanos y prácticamente cualquier ciudadano que decida alzar la voz y reclamar justicia, como fue el caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada en diciembre del año pasado frente al palacio de gobierno de Chihuahua cuando protestaba por el asesinato de su hija Rubí.

Es inevitable ver, en esta circunstancia, un mensaje ominoso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno a quienes han protagonizado en meses recientes movilizaciones por la pacificación del país, por el esclarecimiento de los delitos y por la protección de las víctimas.

En suma: el homicidio de Nepomuceno Moreno pone en tela de juicio los alegatos formulados durante los pasados cinco años sobre acciones gubernamentales pretendidamente orientadas al fortalecimiento de seguridad, al combate a la criminalidad organizada y al restablecimiento de la legalidad y el estado de derecho: semejantes reivindicaciones verbales carecen de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida.

El fracaso de las autoridades federales, estatales y municipales a este respecto evidencia la faceta demagógica de la estrategia de seguridad en curso.

Estudiantes, Universidad y Terror

John Saxe-Fernández,

 la jornada, jueves 3 de noviembre de 2011.

De Honduras, México, Chile y Costa Rica llegan noticias de una ofensiva contra el estudiantado, la autonomía universitaria y los fundamentos filosófico-científicos de la educación media-superior y superior. Es intensa y extensa la indignación por el brutal asesinato de Carlos Sinuhé Cuevas M., activista y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) Rafael Vargas Castellanos, hijo de la rectora de la UNAH, y Carlos Pineda, de la Facultad de Derecho, cuyos cuerpos fueron encontrados con señales de tortura.

Este hecho de violencia, dice la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), castiga nuevamente a los sectores intelectuales que se han pronunciado contra las prácticas represivas, ante las cuales los organismos estatales guardan una postura pasiva, permitiendo que la impunidad continúe dejando inerme a la ciudadanía.

La observación es crucial por sintetizar elmodus operandi del terrorismo de Estado, no del implantado por Estados Unidos en Chile en 1973 bajo la coartada del anticomunismo de la guerra fría, sino del que gestiona el Pentágono, luego del colapso soviético, militarizando la campaña anti-drogas que, desde 1999 con el Plan Colombia, se lanzó como prueba pilotoa la periferia capitalista, rica en recursos, cobre, petróleo, etcétera.

Es la guerra irregular, adaptada a Irak y Afganistán y regresada por Bush/Obama a México y Centroamérica, como Iniciativa Mérida, con pretensión de llegar, junto a TLC bilaterales, hasta el Cabo de Hornos. Se presenta bajo facha de “guerra al narco”, con tropa, Cuarta Flota, bases, asesores, mercenarios (contratistas) y cuantiosos recursos para la guerra antiterrorista. ¿La intención?: ante la debacle económica y hegemónica en curso, aterrorizar la población, disuadir las fuerzas populares/nacionales, contener el tsunami de la protesta ante rapiña y codicia, de decenas de millones de jóvenes, obreros, campesinos, clase media, desempleados, robados de su futuro en centro y periferia capitalista.

Al menú represivo, el Banco Mundial –BM– (ente subrogado al Tesoro de Estados Unidos) agrega una embestida a la educación media y universitaria, como lo hizo en Chile bajo el terror de Pinochet. Con vasta experiencia, el BM, dice Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica –UCR–, en algunos países le ha dado forma y contenido a la educación; por ejemplo en Chile, cuya educación ha sido calificada de un sistema de reproducción de la desigualdad. Por un sólido artículo en defensa de la autonomía, ante las condiciones de un préstamo del BM (diarioextra) ¡Jensen fue despedido como vicerector de Investigación de la UCR!

Con similar autoritarismo, Piñera se lanza contra jóvenes despojados por la dictadura –y el BM– de una educación pública, gratuita y de alta calidad. El martes pasado dos pupilos de 14 años de un Instituto Comercial chileno fueron perseguidos y brutalmente golpeados en cabeza y testículos por marchar a una manifestación. Les negaron cuidado médico. Ap indica que en Santiago, unos 37 jóvenes fueron detenidos, 18 de ellos menores, lesionados cuando los policías desalojaron con brutal violencia a estudiantes que protestaban pacíficamente en las riberas del Río Mapocho, que atraviesa la capital. Dos muchachas fueron hospitalizadas y una, de 14 años, sufrió una hemorragia vaginal producto de una patada que le propinó un agente. Tal es el trato a quienes, al pedir una educación pública gratuita y de calidad, ponen en riesgo el multimillonario negocio universitario. Para el BM y sus country managers, Calderón, Lobo, Chinchilla, Piñera, Martinelli, la docencia e investigación universitarias deben regirse bajo los principios del saqueo oligárquico-imperial: privatización, desregulación y orientación del mercado.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la derecha se desploma, de polo a polo, como en Chile, Argentina y Wall Street.

El Ejército Criminal

El Zenzontle, julio de 2009.

“Actualmente el Ejército ejerce actividades policíacas... Se ven soldados por todas partes; no hay en el país una ciudad importante que no cuente con cuarteles situados en su centro donde los soldados están siempre listos para toda eventualidad. La disciplina de tiempos de guerra se mantiene en todo momento y la presencia de los soldados y sus constantes maniobras son una amenaza perpetua contra el pueblo. Se lanza a los soldados contra él con suficiente frecuencia para que el pueblo conserve siempre en la memoria el hecho de que la amenaza no es vana.”

Esta cita que describe perfectamente la situación actual del Ejército Mexicano no es de ningún escritor contemporáneo, aunque pareciera que así fuera. Esta cita fue escrita hace más de 100 años por John Keneth Turner, en su famoso libro México Barbaro, para describir al Ejército porfiriano, cuya naturaleza era esencialmente criminal y contrainsurgente, siendo utilizado como un cuerpo de asesinos a sueldo del general Porfirio Díaz.

“El pretexto del general Díaz para mantener tal Ejército en tiempo de paz [Decía Turner] siempre ha sido la insinuación de que el país podría hallarse en cualquier tiempo en peligro de ser invadido por los Estados Unidos. La prueba de que su objeto no era estar preparado contra una invasión, sino contra una revolución interna, se halla en el hecho de que en vez de fortificar la frontera, ha fortificado ciudades del interior. Además mantiene al grueso del Ejército concentrado cerca de los grandes centros de población...”

Hoy ya no se utiliza el temor a una invasión militar norteamericana para justificar la desorbitante presencia del Ejército entre la población civil y su papel contrainsurgente. No obstante, la realidad no es muy diferente. La nueva excusa es la supuesta guerra contra el crimen organizado y la amenaza constante del narcotráfico. Los aparatos ideológicos del Estado no descansan en su intento de hacernos sentir amenazados por los sicarios de los diferentes cárteles y bandas delincuenciales, pretendiendo así justificar la inconstitucional militarización de la sociedad. El 26 de junio, por ejemplo, la ex secretaria de educación y coordinadora nacional de la campaña de los candidatos a diputados federales del PAN, Josefina Vázquez Mota, en una verdadera muestra de esquizofrenia política declaró: “...he escuchado una gran mayoría de voces diciendo al presidente que no retire al Ejército de las carreteras, porque significaría sentirnos más vulnerables, más desprotegidos.”

¡Nada más lejos de la realidad!

Hoy por el contrario, al igual que en tiempos de Porfirio Díaz, la presencia del Ejército no sólo es la causante de un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección en las comunidades sino que causa terror e indignación ante los repetidos casos de agresiones de los militares en contra de las comunidades, a quienes viola impunemente sus derechos humanos, llegando incluso hasta el asesinato y la desaparición forzada. Lejos de proteger la seguridad de la población y luchar contra la delincuencia, al Ejército lo han convertido en aliado de los cárteles de la droga y en un brazo armado de la mafia en el poder.

¿Suena esto muy exagerado? ¿Será que no se está siendo objetivo? Bueno, para muestra basta no sólo uno, sino muchos botones:

En la reciente incursión del Ejército en las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, entraron más de 500 soldados a las comunidades gritando “¡Viva Rogaciano!” haciendo referencia a Rogaciano Alba, conocido jefe narcotraficante, vinculado al cártel del Chapo Guzmán, y cacique ganadero, ex-presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, protegido por Zeferino Torreblanca. Las comunidades denunciaron que los soldados dispararon a discreción en contra de la población y torturaron a Omar García, un adolescente de 14 años, a quien vendaron de los ojos, cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y le aplicaron toques eléctricos, y a Cesar Acosta, un joven discapacitado de 33 años a quien introdujeron agujas bajo las uñas y aplicaron toques eléctricos. Esta acción fue inmediatamente denunciada por Amnistía Internacional que emitió una Acción Urgente el 22 de junio, en donde relata los hechos y advierte del peligro en que se encuentra esta región pues ha incrementado el número de violaciones cometidas por el Ejército en contra de las comunidades. Amnistía informa que “ha documentado un número cada vez mayor de incidentes en todo México, en los que miembros del Ejército han participado en homicidios ilegítimos, tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, y registros domiciliarios ilegales.”

Irónicamente, ese mismo día, los periódicos en Guerrero reportaban el vil asesinato de un civil a manos de soldados que abrieron fuego en contra de un autobús de pasajeros en Huamuxtitlan, Guerrero, cerca de Tlapa de Comonfort. En esa ocasión, al revisar el vehículo en un retén, los soldados detuvieron al pasajero Fausto Saavedra Velara, indígena na savi, por el “delito” de usar botas “de uso exclusivo del ejército”. El chofer al percatarse de tan ridícula injusticia comenzó a discutir con los soldados, quienes lo insultaron y se negaron a firmar un documento en donde constataran que tenían a Fausto. Después del altercado, el jefe militar le indicó al chofer que se retirara, y una vez que el autobús reanudó la marcha, los soldados abrieron fuego deliberadamente, matando a otro pasajero de nombre Bonfilio Rubio Villegas.

En esos días, mientras llegaba también la información de que el Ejército incursionaba en la comunidad de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, anunciaban los periódicos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado Mexicano por la agresión y tortura sexual en contra de la indígena me'phaa Inés Fernández Ortega, quien fue violada por elementos del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002.

A pesar de la continua cerrazón de Felipe Calderón y sus compinches, quienes se han empeñado en defender a ultranza la presencia de su Ejército en las comunidades ignorando complacientemente estos acontecimientos, tales violaciones continúan siendo la práctica cotidiana y sistemática de esa institución. Recordemos también la violación de Valentina Rosendo Huerta, de Barranca de Bejuco, Guerrero, atacada sexualmente por soldados del 41 Batallón de Infantería, el 16 de febrero del 2002; la violación y asesinato de la señora Ernestina Asencio en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, quien fue abusada sexualmente hasta la muerte por el Ejército el 26 de febrero de 2007; el cobarde ataque de soldados del 19 Batallón de Infantería, el 29 de junio de 2007, en contra de un vehículo que pasaba por un retén en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, al que abrieron fuego hiriendo de gravedad a una niña de 13 años que en él se transportaba.

En el norte del país no es diferente la realidad. Apenas el pasado 25 de junio, los militares abrieron fuego arbitrariamente en contra de una pareja de novios que viajaban en un Civic Honda en Monclova, Coahuila. Los militares huyeron después de dejar a Monserrat Dávila herida por dos impactos de bala en la espalda y a Cesar Moreno herido en el antebrazo. Recordemos también la violación de 13 mujeres cometida por más de 20 elementos del Ejército en Castaño, Coahuila, el 11 de julio de 2006; el asesinato de una familia de cinco personas por parte del Ejército en Sinaloa, quien abrió fuego en junio de 2006 en contra de un vehículo que no se detuvo en un retén, matando a dos mujeres y tres niños de 2, 4 y 7 años de edad.

¿Esta es la protección y la seguridad de la que habla Josefina Vázquez Mota? ¿Este es el Glorioso Ejército Mexicano del que tanto alarde hace Felipe Calderón? ¿Este Ejército combate a la delincuencia organizada?

Los hechos muestran que el Ejército Mexicano no busca combatir la tan mencionada “delincuencia organizada”. Por el contrario, el Ejército protege y es parte de la delincuencia organizada; su objetivo es llevar a cabo una guerra contra el pueblo, una guerra contrainsurgente y de baja intensidad, aterrorizando a las comunidades y protegiendo los intereses de caciques y narcotraficantes. Al igual que hace 100 años, el Ejército Mexicano actual no está preparado para proteger la soberanía o la seguridad del pueblo mexicano; su misma estructura parece diseñada para atacar al pueblo y contener todo intento de organización popular.

El Ejército Mexicano es el más grande en América Latina, después de Brasil, y cuenta con 237 mil elementos activos, repartidos en 12 regiones militares y 45 zonas. Sus principales objetivos en el papel, de acuerdo al reglamento orgánico de la institución, son “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas”. Estos objetivos se operan en el Plan DN-I (seguridad externa), DN-II (seguridad interna) y DN-III (protección civil). No obstante, hoy es sólo el plan DN-II el que se aplica y el que verdaderamente responde a la lógica del Estado Mexicano. Esta es una función policíaca que no le correspondería al Ejército, pero en la lógica militarista de las actuales mafias en el poder, el objetivo principal de la existencia de esta institución es contener por medio del terror toda forma de rebelión o de organización social independiente.

Cada vez es más claro que el Ejército actúa como un grupo de criminales a sueldo al servicio de las mafias que hoy controlan el poder del Estado. Es por esto que unimos nuestra voz a la del pueblo mexicano que exige la salida de las comunidades y ciudades del mal llamado Ejército Mexicano, que más bien parece un Ejército Criminal de Ocupación.

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Cateos y allanamientos ilegales

(Miguel Concha)
La Jornada, 20 de agosto de 2011.

El principio de inviolabilidad del domicilio está previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto significa que nadie puede ingresar al domicilio de persona alguna sin contar con un mandato judicial expedido para tal efecto.

Los acontecimientos que tuvieron lugar la madrugada del 11 de agosto, en la que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México irrumpieron en domicilios particulares en el Distrito Federal, en el contexto de un operativo tendiente a la captura de una persona señalada como líder de una banda criminal, no dejan de ser preocupantes y reflejan una vez más la fragilidad de nuestros derechos fundamentales frente a las acciones de los cuerpos de seguridad.
El acceso ilegal esa madrugada a los diversos domicilios propició una serie de abusos, que afortunadamente en este caso culminaron con una disculpa pública y un acuerdo de reparación del daño, pero en la mayor parte de las ocasiones estos hechos quedan impunes y fomentan la ilegalidad.
A algunos lectores les podrá parecer exagerada esta afirmación; sin embargo, es necesario recalcar que ninguna acción de las autoridades, en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia, puede ir en contra de los derechos humanos. Aceptarlo significaría estar de acuerdo en que cualquiera entre a nuestra casa sin nuestro consentimiento, sea autoridad o no.
Ya en 2008, en su propuesta de reforma constitucional en materia penal, el titular del Ejecutivo federal había sugerido constitucionalizar la facultad de cuerpos de seguridad para allanar domicilios sin una orden judicial. Gracias a la oposición de la ciudadanía, afortunadamente esa propuesta no logró la aprobación del Legislativo, que estaba destinada a legalizar acciones que de facto ya se emprenden en el país.
En efecto, en su recomendación general número 19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, que deberían ser tipificados como delito.
Según la CNDH, de 2006 a la fecha la situación es alarmante, pues se han tramitado 3 mil 786 expedientes de quejas de violaciones relevantes a derechos humanos, cometidas en cateos.
El año en que hubo más quejas fue 2009, con 947, pero en lo que va de 2011 se han registrado 422. “Si esta práctica violatoria se mantiene, no se permitirá moldear un marco de convivencia social justa y pacífica –advierte la CNDH–, y, por el contrario, se atentará contra uno de los presupuestos básicos de los derechos humanos, que es la cláusula de libertad y/o propiedad”.

La comisión asegura además que tras los allanamientos y cateos ilegales se ha detectado que se incurre en una flagrancia simulada para tratar de justificar legalmente esas arbitrariedades, llegando al extremo de colocar armas, drogas u otros objetos para comprometer al involucrado.
En su recomendación la CNDH critica también el empleo del detector molecular GT200, utilizado por miembros de las fuerzas armadas para presuntamente detectar drogas, armas y explosivos en el ambiente, ya que viola la intimidad del domicilio de las personas si no hay orden de cateo.
Otro punto lamentable que se debe relevar de lo ocurrido el día 11 en el Distrito Federal es que al haber existido además daño en propiedad ajena, robos, malos tratos e intimidación, se posterga en la atención de algunos medios el allanamiento de morada perpetrado por los agentes estatales, lo cual no es una cuestión menor, toda vez que muestra una falta de respeto a actos que requieren un mínimo de legalidad y se encuentran prohibidos en los más diversos sistemas de justicia del mundo.
En México, en particular en el Distrito Federal, el principio de inviolabilidad del domicilio sólo se puede limitar cuando exista una orden judicial que la autoriza. Ello está así contemplado en el Código de Procedimientos Penales, que en su artículo 152 también señala que en dicha orden debe especificarse el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse, o los objetos que se buscan. Debe además limitarse esta diligencia a esos puntos, y levantarse al final de la misma un acta circunstanciada de los hechos, en presencia de dos testigos nombrados por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa por la autoridad que la practica.
Al parecer, ninguna de las actuaciones que se llevaron a cabo el 11 de agosto cumplió con esos mínimos, y, en palabras del procurador de Justicia de la ciudad de México, él mismo no tenía claro dónde se iban a llevar a cabo las actuaciones, ni cuántos elementos participarían o qué se buscaba con las mismas.
De igual forma, las diversas víctimas de dichos operativos señalan que las autoridades no mostraron en momento alguno la orden expedida por la autoridad competente o los objetivos que se buscaban. Ni qué decir que hasta el momento no se ha exhibido acta circunstanciada sobre la manera en la que se desarrollaron los acontecimientos. Las autoridades pretenden pasar por alto estas violaciones, argumentando que son costos necesarios en este tipo de acciones. Es tiempo ya de que la sociedad se manifieste de nueva cuenta contra estas prácticas delictivas de las autoridades, que ponen en riesgo su libertad y patrimonio.